El cine español después del 20-N: ¿hay algo de lo que preocuparse?

Si algo nos interesa en cuanto a las elecciones generales de hoy, aparte de otras (muchas) más cosas, es lo que tienen pensado hacer los partidos políticos con el cine español en caso de llegar a la presidencia del país. Cada partido político, ya sea nacional o regional, coloca en sus programas electorales -unos más que otros- sus promesas relacionadas con todos los ámbitos que puedan interesar a la población, establecidos a grandes rasgos en una división temática que no difiere de la que se utilizó en el debate televisivo entre Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE, y Mariano Rajoy, candidato del PP. Esta división atendía a tres bloques (economía y empleo; políticas sociales; y democracia, seguridad y política exterior). Y como podemos observar, el tema de la cultura, esa cosa tan ninguneada por la política nacional, no quedaba claramente delimitado. Y en el debate no se trató. Sabemos que hay otros asuntos que se deben tratar necesariamente antes que el de la cultura, pero ¿es un tema que realmente se merece ser tan ignorado? Seamos realistas, los únicos partidos con opciones reales de gobernar son los que forman el eterno bipartidismo español, y es en ellos en quien se deben depositar las principales miradas. Y eso aunque muchos de los otros partidos -por no decir la mayoría- tengan propuestas más interesantes. En el ámbito del cine, el futuro inmediato de la legislación y creación cinematográfica depende obviamente del próximo partido que se asome a la ventana de su sede para la celebración de esta noche, y nosotros queremos acercarnos a este tema tan complicado metiendo un poco la cabeza en las de los políticos.

El hasta ahora gobierno socialista -muy presumiblemente hoy sea su último día- ha venido lidiando en su legislatura con la Ley del Cine aprobada en 2007, fuertemente criticada por profesionales del sector por sus polémicos puntos, entre los que se encuentra la exigencia de un coste mínimo de dos millones de euros y de un mínimo de 60.000 espectadores para poder acceder a las ayudas. Obviamente, este criterio cierra las puertas a las producciones de menor presupuesto y a las películas que no gozan de éxito en la cartelera. Y sabemos con muchísima seguridad que un mayor presupuesto no asegura en ningún país una mayor calidad, y que un mayor éxito de cartelera, tampoco. Así, el gobierno ignora a las producciones de real creación cinematográfica, calidad e innovación, o cualquier pequeño proyecto que quiera darse a conocer. La ley también obliga a las televisiones privadas a invertir en la industria del cine el 5% de sus ingresos, pero no estimula la compra de estas producciones por su parte -¿cuándo vemos películas españolas en Antena 3 o en Telecinco?- ni la incentiva. Y de momento, no se ha llegado a ningún acuerdo. Según un dossier elaborado por Cahiers du Cinéma España, en el aire está la creación de la Agencia Estatal de la Cinematografía, en sustitución del actual ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), para agilizar y profesionalizar la gestión del organismo. En el aire está la concesión de ayudas sobre proyecto, y no a posteriori del éxito del producto. En el aire están las ayudas a la distribución del cine español y, sobre todo, la exhibición de películas en versión original -algo que deriva directamente del franquismo y de lo que, por lo visto, no nos hemos dado cuenta aún que molesta-. Pero todo está en el aire.

Y los partidos políticos tampoco parecen aclararse mucho. Aunque en esta eterna situación de crisis, ni siquiera ellos se permiten dedicarle mucho tiempo. Si el PSOE no avanzó mucho con su Ley del Cine, el PP se plantea eliminar el Ministerio de Cultura, del que dependía directamente, para pasarla a Presidencia del Gobierno como una Secretaría de Estado que lo sustituya. Así que, si alguien está buscando un cambio, puede ser que encuentre uno, pero a peor. El PP no hace más referencia al cine en su programa electoral que “impulsaremos actividades vinculadas a la promoción de la música, el teatro y el cine español”. El PSOE, por su parte, incluye un apartado en el que promete “un sector audiovisual saneado, independiente y plural”, pero tampoco presta especial atención al sector del cine, sino que se concentra en la financiación de la televisión pública y en la estructuración de los sistemas de los medios de comunicación. Izquierda Unida, por su parte, sí recoge en su programa su intención de apoyar al cine español “frente a la invasión de producciones norteamericanas”, potenciar la creación propia de contenidos promoviendo las culturas nacionales del país y garantizando el apoyo de TVE. El BNG defiende el traspaso de competencias en materia de apoyo a la creación cinematográfica a las comunidades autónomas con su consecuente acento en las diferentes culturas del país, al igual que el PNV. CiU apoya la conversión del Ministerio de Cultura en una Secretaría de Estado y promete una Ley de Patrocinio y Mecenazgo que impulse el panorama fílmico, pasándole la patata caliente a los intereses privados en esta -repetida una y otra vez- situación de crisis. Y contrariamente, ERC sí aboga por la supresión de la Ley del Cine y así promover pequeñas producciones.

Lo que tenemos claro es que no tenemos nada claro sobre el futuro del cine español, que entre intereses políticos y situaciones de crisis no cuenta con una gran confianza depositada en él. Mientras la creación cinematográfica esté sometida a la economía y a los intereses del mercado, lo que los poderes políticos se empeñan en mantener, no se avanzará especialmente en la materia, sobre todo en la recesión económica, donde lo primero que pierde y se suprime es la cultura. Y si ya estaba la situación mal, se puede intuir cómo estará si ni siquiera cuenta con un propio ministerio. Si desde el gobierno no se impulsa el cine como elemento cultural más que como producto económico, y si no se valora su potencial como instrumento básico en la sociedad, tanto culturalmente como incluido en la enseñanza y educación, su creación quedará relegada a los mismos intereses mercantiles a los que está relegado todo. ¿No es hora ya de cambiar eso?